El ex juez de la Corte, Manuel García-Mansilla, presentó este jueves un escrito en el Congreso en el marco del expediente que dio lugar al tratamiento y posterior rechazo de su pliego. Con duras críticas al Senado el abogado indicó que se “hablaron falsedades e irregularidades reglamentarias” y sostuvo que el Senado retrasó todo el proceso de designación.
Una semana después de haber renunciado al cargo que asumió en comisión tras la firma del Decreto 137/2025 por parte del presidente Javier Milei, Manuel García-Mansilla presentó un escrito de 35 páginas, al que accedió Clarín, en la Cámara Alta donde fue rechazado su pliego con 51 votos.
Uno de los primeros aspectos a los que se refirió el abogado fue a las objeciones planteadas por algunos senadores “a mi aceptación del nombramiento en comisión como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto 137/25, me veo en la obligación de realizar algunas aclaraciones necesarias para preservar la verdad de los hechos y la integridad del proceso constitucional”, expresó.
En este sentido, desmintió que él haya dicho que nunca asumiría por Decreto. Su explicación fue la siguiente: “manifesté ese día, en respuesta a una pregunta específica de la senadora Anabel Fernández Sagasti, fue una reflexión en retrospectiva sobre el decreto 83/15, dictado en 2015. Allí dije que no hubiera aceptado un nombramiento en comisión y aclaré que esa reflexión la hacía “con el diario del lunes”.
Entonces, ahondó en esta línea argumental y dijo que durante la audiencia, hizo una consideración política e institucional “sobre ese contexto puntual de 2015, no una declaración sobre la improcedencia general de las designaciones en comisión. De hecho, así lo interpretaron los propios senadores presentes en participaciones posteriores en la audiencia”.
Entiende que el Decreto 137 que firmó el presidente Milei, fue un proceso “público, transparente y contó con el cumplimiento de todos los pasos legales que exige la normativa vigente, inclusive la participación de la ciudadanía (cosa que tampoco había ocurrido en 2015)”.
“El nombramiento en comisión constituye una herramienta legítima que evita prolongar artificialmente el funcionamiento incompleto de la Corte Suprema, que tiene una de las vacantes hace tres años y medio”, indicó García-Mansilla.
Retraso del Senado
El 23 de febrero el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le tomó juramento a Manuel García-Mansilla. El abogado dijo que al momento de aceptar el nombramiento en comisión, habían transcurrido seis meses desde la Audiencia. Durante ese período:
Fue cuando apuntó contra el Senado al sostener que la Cámara Alta “no trató los pliegos ni en sesiones ordinarias ni en extraordinarias mientras la Corte Suprema continuaba funcionando con una integración reducida”.
De todos modos, hasta que le tomaron juramento a Manuel García-Mansilla el máximo tribunal con la actual integración de tres miembros, resolvió más de 2.000 casos.
“La interpretación forzada de una frase aislada de mi exposición, desconociendo las múltiples aclaraciones y matices que expresé en la audiencia, constituye una tergiversación inaceptable de la posición que expresé en la Audiencia”, se defendió el abogado.
“Graves inconsistencias”
A lo largo del escrito el jurista criticó los dictámenes emitidos. Dijo que tanto el suyo como el del juez federal Ariel Lijo,
“Contienen graves inconsistencias, tanto en su fundamentación como en su redacción”.
El dictamen firmado por los senadores Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri “recorta expresiones de mi Audiencia para sostener que habría actuado por “presiones” y por un supuesto “beneficio personal” nunca precisado. Esta interpretación no solo es infundada, sino que ignora que respondí abiertamente cada pregunta, sin ocultar mis posiciones ni mis eventuales dudas”.
Lo paradójico es que el propio dictamen reconoce que se firma “para posibilitar su tratamiento en el recinto”, aunque en su parte resolutiva afirma: “El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación para designar Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Dr. Manuel García Mansilla”, explicó el abogado.
También criticó el dictamen del bloque Unión por la Patria, suscripto por siete senadores.
“Ppresenta una versión parcial de lo que dije en la Audiencia. Cinco de sus firmantes lo hacen “en disidencia total”, oponiéndose incluso a comunicar la decisión al Poder Ejecutivo, algo meramente procedimental. Las otras dos firmas están “en disidencia”, sin especificar con qué parte del dictamen. Esta ambigüedad vulnera también el Artículo 123 decies del Reglamento del Senado, que exige dictámenes fundados”, añadió.
Estas contradicciones -continuó diciendo García-Mansilla-, “no son un mero tecnicismo: afectan la seriedad del procedimiento, erosionan la institucionalidad y podrían sentar un precedente negativo para futuras audiencias, especialmente por haber utilizado como fundamento exclusivo para el rechazo una tergiversación y manipulación de una respuesta”.
Ese precedente disuadirá a futuros candidatos a ser abiertos a la hora de responder para evitar que les paso algo similar.
Al finalizar la carta dijo: “A ningún Senador se le ocurrió, en el momento de la Audiencia, que yo estuviera asumiendo un compromiso futuro sobre una hipótesis que no fue planteada ni imaginada por nadie en ese momento y que, seis meses después, se concretó por otras vías”.
Sobre ese punto entendió que “No se puede atribuir engaño a quien respondió con honestidad, atendiendo al contexto de cada pregunta y con la convicción de que la Constitución debe leerse completa”