Anunciado el acuerdo, comenzamos a vislumbrar las condiciones que afectan los derechos del pueblo trabajador.
Todo tiene un precio
Esta semana comenzó con los efectos de las definiciones económicas tomadas por el gobierno a pedido del Fondo Monetario Internacional, como lo es la quita parcial del cepo, que desarrolla en paralelo una devaluación.
Lo que disfrazan de “fase 3” es el colapso del plan económico de Milei, quien, una vez fracasado, tuvo que recurrir al Fondo y aceptar cualquier condición con tal de obtener un rápido desembolso. Por tal motivo, el gobierno se vio obligado a aceptar la devaluación y a apurar la salida del cepo.
Sin embargo, Milei no es el único entreguista; una parte considerable del Congreso trabajó para votarle un acuerdo sin conocer montos ni condiciones. Aquellas condiciones que están empezando a salir a la luz no se limitan al cepo, sino que también incluyen una reforma tributaria y otra del sistema previsional. Además, se solicita la elaboración de un informe sobre las empresas susceptibles de privatización según la Ley Bases, y una hoja de ruta sobre cómo se llevaría a cabo dicho proceso.
Es decir, las exigencias del Fondo tienen consecuencias directas sobre el destino de nuestra nación, aceleran una serie de reformas estructurales que afectan de manera integral los derechos del pueblo trabajador y avanzan sobre la privatización de los organismos del Estado y la entrega de los bienes comunes.
Como broche de oro, el organismo internacional solicita que se trabaje en la aprobación del presupuesto 2026 con déficit fiscal cero, en lugar de continuar prorrogando el presupuesto de 2023. En otras palabras, un presupuesto con más ajuste y motosierra que nunca.
Asimismo, también se exige que dichas medidas sean validadas por el Congreso, en un escenario donde, aun con una buena performance electoral, el oficialismo no tendría mayoría en ninguna de las cámaras, por lo que debería consensuar con bloques aliados y dialoguistas que le han permitido avanzar hasta aquí.
“Seamos francos: si mandábamos esto a las dos cámaras, donde en el Senado hay mayoría kirchnerista y el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, se iba a demorar, y mucho. Y no es un tema que se puede demorar tanto, no podemos estar dando vueltas, es lo mejor para la gente. Hay necesidad y urgencia en esto”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista con LN+, en el contexto de la votación del decreto del Fondo.
En ese sentido, se configura un año de lucha contra el proyecto de la motosierra y el Fondo que va a impactar con complicidades contra los derechos del pueblo trabajador.