En días de menor libertad económica en Uruguay, la Argentina, de la mano del primer presidente libertario, continúa su camino hacia la liberación total de su población, esta vez respecto del lastre que representa la llamada industria nacional.
Estructuras con origen en el antiguo modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), típico de economías cerradas y promovido como respuesta a la crisis global de los años treinta, han resultado en sistemas ineficientes y antinaturales que, lejos de generar riqueza, consolidan la pobreza estructural.
También te puede interesar: El gran negocio climático de la izquierda
Tal como expuse en el artículo “Mercantilismo uruguayo y proteccionismo global”, este enfoque sigue vigente en las ideas socialistas de nuestros políticos, quienes promueven intervenciones y privilegios corporativos.
Ideas como las que antaño lograron plasmar en el artículo 50 de la Constitución de la República: “El Estado orientará… protegiendo las actividades productivas cuyo destino… reemplacen bienes de importación…”
Nuestras “velas” prendidas al socialismo
| Redacción
En Uruguay, los anteriores gobiernos del Frente Amplio nos encendieron las velas más caras de la historia, prendidas al socialismo y ponderadas, en otro momento, por quien recién partió: Funsa, Olmos, Envidrio, Pluna, Alas U, la regasificadora, Antel Arena, entre otros.
A estos ejemplos se suman las deudas impagas de Venezuela a Conaprole y los negocios con ANCAP durante esas mismas administraciones. El caso más grotesco es, sin duda, el de UPM II, que empobrecerá a la población hasta “la tercera y cuarta generación…”
Leé también: El Partido Comunista y su apoyo al golpe de Estado de 1973
El robo del siglo: un tren para UPM
| Redacción
Aquello que hoy se ve: los 7.000 puestos de trabajo que algunos estiman se perderán en la industria del ensamblado nacional de celulares, o los empleos que se crean con la nueva planta de UPM aquí.
Lo que muchos no ven es el aumento del bienestar de todos aquellos que ya no serán obligados a pagar sobreprecios, disponiendo así de más recursos para adquirir otros bienes y satisfacer un mayor número de necesidades.
Todos los nuevos empleos que se crearán a partir de la liberación de ese dinero —ya sea gastado o ahorrado— dinamizarán otros sectores de la economía.
Relacionado: Macri, Lacalle y el mito del centro político
En el caso de UPM, no se ven los puestos de trabajo que, debido a privilegios exclusivos para unos pocos, nunca llegarán a existir.
La teoría económica indica que, si bien se necesitará tiempo para que los trabajadores consigan un nuevo empleo, lo que sorprende es la rapidez con la que, en el pasado, muchas personas se han reinsertado en el mercado laboral.
La lección expuesta con mayor claridad
Cuando la economía se sincera, los puestos de trabajo, al igual que otros recursos escasos —naturales, capital o esfuerzo emprendedor—, deben quedar disponibles para ser utilizados en su mejor uso: allí donde la sociedad realmente los necesite.
Esto no ocurre cuando están artificialmente asignados por regulaciones que impiden el desarrollo armonioso de la población.
Esa orientación solo es posible si las señales del mercado —el mecanismo de los precios— no son distorsionadas por el sistema gubernamental.
El temor al desempleo suele surgir porque se enjuicia solo una parte del proceso. Sin embargo, los puestos son rápidamente reasignados hacia áreas donde la sociedad los demanda (no donde los políticos lo dictan).
Hazlitt, al final del capítulo, va al fondo del problema: cada puesto creado por el Estado es un puesto quitado de otro lugar donde la población lo necesitaba, una reasignación errónea de recursos.
Reflexión final
Quiero ser cuidadoso, porque quizás entre los lectores haya personas o conocidos que han sufrido la pérdida de un empleo en una empresa que dejó de producir para comenzar a importar. Si bien es doloroso, hay que considerar lo que no se ve.
Los gobiernos suelen proteger empresas de sectores con alto interés político, mientras que otras deben batallar con sobre costos debido a una maraña de impuestos, regulaciones y servicios públicos caros.
Nuevamente, se enjuicia solo una parte del proceso, pero las empresas que cumplen el rol fundamental de mejorar nuestra calidad de vida —cuando pueden perseguir libremente su objetivo de maximizar ganancias— deben ser vistas en su verdadera dimensión.
Es también algo que no siempre se ve: la dimensión humana de la economía bien entendida, donde las empresas, si se las deja competir libremente, cumplen su rol en el desarrollo armonioso de la sociedad.