El fallo de la Corte Suprema confirmando la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad vuelve a colocar en el centro del debate un problema estructural y recurrente: la corrupción como parte orgánica del régimen político y el sistema capitalista, en esta Argentina semicolonial y decadente; con las medidas de fondo para resolverla.
Esta detención e inhabilitación para postularse a cargos públicos, abrió un arco de posturas. Desde la izquierda tenemos la responsabilidad de “echar luz”, como decía Lenin y contribuir a que avance la ruptura con la clase capitalista y toda su partidocracia. Porque no se trata de un caso aislado ni una excepción.
Es una muestra de cómo la política tradicional, tanto del peronismo como de otros sectores patronales, reproduce privilegios, impunidad y negociados al servicio del 1% más rico. Y reciben un “vuelto” por eso, en gran medida por la obra pública.
Corrupción e (in)justicia capitalista
Una corrupción inherente al sistema capitalista, donde todos sus administradores de clase, políticos, empresarios y burócratas ligados a la llamada “patria contratista”, roban. Lo que plantea el debate sobre cómo es posible llegar a la verdad, qué casos y a quién investigar, y con qué propuesta política poner fin a este mal sistémico.
La condena a Cristina no puede analizarse sin denunciar el rol antidemocrático, clasista y reaccionario del poder judicial. Una justicia parcial, manipulada y decadente, que no busca la verdad, sino que se mueve de acuerdo a sus intereses políticos y de clase, respondiendo al ala o sector burgués con el que tienen más afinidad, como el macrismo y la ultraderecha liberfacha y corrupta, con la prensa hegemónica que les da cobertura.
Por eso no sorprende que esta Corte, la misma que ostenta cargos vitalicios, nombrada por muy pocos y con sueldazos millonarios, se arrogue el poder y una autoridad moral que le desconocemos para condenar y proscribir, para voltear o interpretar leyes o normas, y actuar como árbitro supremo del régimen democrático burgués decadente.
Obra pública y corruptela en todos los gobiernos
La causa Vialidad, que se centra en la adjudicación direccionada de la obra pública a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, revela algo más profundo: el uso del Estado como herramienta de acumulación privada, a través de la connivencia entre empresarios o el llamado “capitalismo de amigos” y funcionarios públicos. Aunque desde el kirchnerismo se denuncie el lawfare y el uso político de los tribunales, no pueden negar que hubo corrupción, negociados y una trama de beneficios ilegales.
Lo mismo puede decirse de otros gobiernos que se beneficiaron con la obra pública como gran caja negra: desde el menemismo, al radicalismo con De la Rúa y los sobreprecios y direccionamiento de contratos en obras como el Canal de Beagle y el soterramiento del Sarmiento. Macri, con escándalos como los Parques Eólicos y las coimas de grupos como Iecsa y Odebrecht; al actual gobierno de Milei, que plantea una supuesta “austeridad” mientras mantiene negocios opacos con sectores financieros y del agronegocio, el caso $Libra y la estafa de la deuda que es común a todos los gobiernos como el mayor curro de la historia.
La corrupción no es una desviación accidental, sino una característica estructural del capitalismo, un engranaje más del funcionamiento de este sistema de opresión, explotación y negociados. Es parte del modo en que se redistribuye la riqueza desde el Estado hacia el capital concentrado, y al mismo tiempo una forma de disciplinamiento político y social. No es patrimonio exclusivo de un partido ni de un gobierno, sino el resultado de una lógica de fondo que privilegia la ganancia por sobre las necesidades sociales.
Ningún gobierno patronal, por más que se autoproclame “popular” o “nacional y democrático”, se propone superar esa lógica. Ni los gobiernos del PJ como el de Alberto, con Massa y Cristina, que ajustaron bajo las órdenes del FMI y mantuvieron intacta la estructura judicial corrupta ni los gobernadores peronistas que ajustan y reprimen, son alternativa.
La única salida real pasa por una transformación radical del régimen político, económico y judicial. Para terminar con esta falsa democracia de ricos, este decorado institucional que funciona como máscara del poder económico real, proponemos medidas concretas que sólo levantamos desde la izquierda.
Una salida por izquierda, medidas de fondo
Ante una corrupción estructural y por el derecho del pueblo trabajador a saber toda la verdad, planteamos la creación de una Comisión Investigadora Independiente. Una CONADEP de toda la corrupción, con amplias facultades para investigar a todos los gobiernos, sin fueros ni impunidad, y con poder para embargar bienes y encarcelar a los corruptos. Una comisión integrada por representantes de organismos de derechos humanos, trabajadores, organizaciones sociales y especialistas elegidos democráticamente, y no por pactos entre partidos del sistema.
La justicia es una casta privilegiada que no se toca: un juez de la Corte cobra $ 7.736.322 solo de básico y gana más de $ 17 a $ 18 millones al mes con todos los adicionales, no paga Ganancias, mantiene sus cargos de por vida y no rinde cuentas a nadie. Mientras millones de trabajadores sobreviven con sueldos de miseria. Esa es la verdadera cara de la democracia burguesa: plutocracia encubierta, gobierno de los ricos.
Por eso proponemos una profunda reforma de todo el poder judicial, donde fiscales y jueces, incluidos los de la Corte, sean electos por el voto popular, en una fecha distinta de las elecciones políticas. Que dejen de ser eternos y tengan mandatos limitados y revocables por la sociedad en caso de mal desempeño o corrupción. Que ganen lo mismo que una directora de escuela con 10 años de antigüedad. Que el Consejo de la Magistratura sea eliminado y reemplazado por un organismo de control social real. Y que se amplíe el alcance de los juicios por jurados para terminar con los fallos digitados desde arriba.
En definitiva, la corrupción no se combate con relatos ni reformas vacías del PJ, sino con una democracia de base, radical, participativa, del 99% y no del 1% más rico. Para eso, hace falta una alternativa política independiente de los partidos del sistema, que no se conforme con administrar lo existente sino que se proponga demoler el régimen político que perpetúa la desigualdad, la corrupción y la injusticia.
Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad convocamos a quienes honestamente se reconocen como peronistas, pero ya no confían en esta dirigencia traidora, a sumarse a construir esa salida de fondo. Porque no habrá independencia económica, soberanía política ni justicia social posible dentro del capitalismo.
La salida es por izquierda, con el pueblo trabajador al frente y un programa que enfrente al sistema y lo reemplace por uno nuevo, verdaderamente justo, socialista y democrático, donde gobernemos quienes nunca gobernamos las y los trabajadores y la izquierda.