Tras la media sanción en el Senado de iniciativas impulsadas por mandatarios provinciales, el gobierno libertario despliega maniobras para bloquearlas en Diputados.
Los puntos en conflicto
El gobierno de Javier Milei recibió un duro revés en el Senado con la aprobación de dos proyectos clave presentados por gobernadores: la distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). Ambos buscan recuperar recursos para las provincias en medio del brutal ajuste libertario.
Frente a la posibilidad de que estas iniciativas avancen en Diputados, donde la oposición parece contar con mayoría, la Casa Rosada ya mueve sus fichas para frenar el avance legislativo y garantizar el cumplimiento de su ajuste fiscal.
Este escenario introduce uno de los momentos de mayores problemas para el gobierno, donde acumula crisis, menor control del parlamento, fricciones y rupturas con parte de la oposición y los gobernadores, sumados a los vaivenes en curso.
Maniobras para meter el freno
Desde el oficialismo se barajan al menos tres estrategias para evitar que los proyectos se conviertan en ley:
- Frenar el tratamiento en comisiones: una posibilidad es que los textos queden “cajoneados” en comisiones sin fecha de tratamiento, dilatando su debate hasta dejar sin efecto su avance.
- Negociaciones con gobernadores “dialoguistas”: el gobierno apuesta a sumar a su estrategia a mandatarios que no jugaron fuerte en el Senado, como los de Salta, San Juan, San Luis, Jujuy, Neuquén, Mendoza y Chaco, para que intervengan sobre sus diputados y debiliten la base opositora.
- Uso del veto presidencial: Javier Milei ya adelantó que, si los proyectos se aprueban, no dudará en vetarlos. Su objetivo es mantener el superávit a toda costa, aún a costa de las necesidades presupuestarias de las provincias.
La amenaza del ajuste como política de Estado
Desde el Ejecutivo aseguran que no habrá vuelta atrás con la política de recorte y concentración de recursos en manos del gobierno central. Según sus estimaciones, el impacto fiscal de las iniciativas opositoras podría alcanzar el 2,5% del PBI. Por eso, Milei advierte que judicializará cualquier norma que, según él, ponga en riesgo el equilibrio fiscal.
Mientras tanto, el gobierno prepara una nueva ronda de negociaciones con sectores del peronismo “dialoguista” y fuerzas provinciales. Incluso se baraja la posibilidad de una cumbre en la Expo Rural para reeditar mesas de diálogo.Un conflicto que trasciende lo parlamentario
Este nuevo capítulo del enfrentamiento entre Milei y los gobernadores se suma a la tensión acumulada desde el inicio del mandato. La eliminación de la obra pública, el cierre de organismos como Vialidad Nacional y el recorte a las cajas previsionales provinciales ya habían encendido las alarmas en el interior del país.
El rechazo a Milei fue visible incluso en las celebraciones del 9 de julio, donde varios gobernadores evitaron compartir escenario con el presidente. El descontento provincial crece, y con él, las grietas dentro de la institucionalidad burguesa que el gobierno libertario busca tensar cada vez más.
¿Qué sigue?
El oficialismo intentará evitar que los proyectos lleguen al recinto de Diputados. Pero si lo hacen, la oposición podría forzar su tratamiento sobre tablas con el respaldo de dos tercios de los presentes. En ese caso, el gobierno ya prepara su última carta: el veto.En este contexto, las maniobras del Ejecutivo para frenar cualquier intento de distribución de los recursos con las provincias confirman que la motosierra no es solo un símbolo, sino el corazón de un modelo que concentra, ajusta y reprime.
A su vez, los gobernadores no se quedan muy atrás y aplican el ajuste de Nación con mayor o menor ferocidad en cada una de sus provincias. Para los trabajadores es necesario luchar contra el ajuste de Milei y los gobernadores.