31 años pasaron del atentado terrorista más cruel en la República Argentina y el reclamo de justicia sigue vigente más allá de la victoria del gobierno de Javier Milei durante las sesiones extraordinarias tras impulsar la ley de juicio en ausencia sancionada en febrero.
Si bien sigue sin haber ningún tipo de condena judicial salvo los sentenciados en otros juicios que rodearon el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrido el 18 de julio de 1994, donde fallecieron 85 personas, el juez federal Daniel Rafecas, a instancias del fiscal de la UFI AMIA, Sebastián Basso, logró avanzar con el proceso.
Hace menos de un mes, Rafecas resolvió la implementación del juicio en ausencia sobre los diez acusados de nacionalidades libanesa e iraní, quienes se encuentran prófugos. Para arribar a esa decisión, el juez tomó en cuenta el dictamen de la fiscalía que señaló que los involucrados eran miembros de la división armada de Hezbollah y que llevaron adelante el ataque por orden y patrocinio económico del gobierno iraní, juntamente con funcionarios diplomáticos de ese país en Argentina.
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Sobre Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar siguen vigentes las órdenes de captura, también conocidas como las “alertas rojas de Interpol”.
Sin embargo Hernán Silva, defensor público, apeló la aplicación del instrumento jurídico al calificarlo como una figura “abiertamente incompatible con los principios de defensa material, inmediación y contradicción”.
A esa impugnación se sumaron las de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA. La decisión de convalidar o no el juicio en ausencia quedó en manos de los magistrados de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens y Martín Irurzun.
A lo largo de estas tres décadas, el ataque a la AMIA estuvo atravesado por tres juicios orales que se realizaron en Comodoro Py. El primero, conocido como “la conexión local”, que tuvo a 22 personas imputadas, con el reducidor de autos Carlos Telleldín a la cabeza, señalado como el armador de la Trafic empleada como el coche bomba para perpetrar el ataque, quien terminó absuelto y el debate declarado nulo.
El segundo se encargó de investigar las irregularidades del proceso anterior luego de que Telleldín señaló que recibió 400 mil dólares para implicar a los oficiales de la Policía Bonaerense. Allí el juez Juan José Galeano fue condenado junto a varios agentes de inteligencia como Hugo Anzorreguy, pero no se logró comprobar que ninguno tuviera responsabilidad directa con el ataque.
Finalmente, el tercer juicio, por la responsabilidad de Telleldín en la venta de la Trafic usada para el atentado. Tras los pedidos de condena que iban de 20 años a perpetua, en diciembre de 2021 el TOF 3 no logró probar que el acusado tuviera conocimiento del destino del vehículo que se usó como coche bomba, y nuevamente terminó absuelto.