El Gobierno nacional formalizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) por medio de la venta de las acciones que posee el Estado, a través del Decreto 494/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa dispone que la venta del 90 por ciento de las acciones de la compañía, que pertenecen al Estado nacional, se llevará a cabo en dos etapas.
Antes de oficializar el remate, la gestión libertaria modificó el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales. De esta manera, habilitó la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa, las revisiones tarifarias ordinarias y extraordinarias, y los cortes del servicio por falta de pago.
Hasta ahora, las facturas impagas no eran sinónimo de interrupción del suministro. Las nuevas reglas que dispusieron Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, convierten un derecho social inalienable en un bien transable. Una medida que impacta directamente sobre los usuarios, en un contexto de ajustes de tarifas al alza y pérdida de poder adquisitivo.
La empresa transitó la misma suerte durante el mandato de Carlos Menem: en mayo de 1993, la entonces Obras Sanitarias de la Nación (OSN), fue parte de la ola privatista. El contrato de entrega duraba 10 años pero tuvo una prórroga por otros 10, con Fernando de la Rúa en la presidencia. Luego, a causa de la mala administración que aumentó la tarifas pero no llevó a cabo obras, provocó problemas de acceso, desinvirtió y no cuidó la calidad del agua, volvió a manos del Estado: se invirtieron 25 mil millones de pesos, se ampliaron las obras que garantizaron el servicio a 2,3 millones de personas y se redujeron las interrupciones en el suministro. Gobernaba Néstor Kichner.
El decreto que detalla la privatización en tiempos de Milei establece que en una primera instancia, se realizará una licitación pública de alcance nacional e internacional para vender al menos el 51 por ciento del total del paquete accionario a un operador estratégico.
En segundo orden se determina que el remanente de las acciones estatales que no haya sido vendido en la licitación se ofrecerá en bolsas y mercados del país. En este proceso no se implementará un nuevo Programa de Propiedad Participada.
“El Ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”, indica la resolución oficial.
Sobre los fundamentos de la decisión, el texto sostiene que “desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”, precisando en base a los estados contables de la empresa que entre 2006 y 2023 el Estado realizó transferencias del Tesoro por aproximadamente 13.400 millones de dólares.
La historia demostró lo contrario. Cuando la manejó el sector privado el servicio funcionó mal y el acceso era limitado. La concesionaria de entonces, el grupo francés Suez, apenas trataba el 12 por ciento del total del agua y el resto se vertía en el Río de la Plata a la altura de Berazategui. Los datos del informe de la Auditoría General de la Nación también advirtieron la presencia de nitrato en el agua. La firma, además, acumuló multas por el corte de servicio que en septiembre de 2003 perjudicó a 6 millones de usuarios. Y cuando la mala praxis fue inocultable se declaró en default.
Sin embargo, para el Gobierno de la Libertad Avanza la gestión estatal “no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA”. Sobre lo que ocurrió con la primera privatización, no dice nada. La solución “eficiente y eficaz” la esperan de la gestión privada aunque el derrotero de la prestación del servicio indique lo opuesto.
Otro de los argumentos sobre el por qué de la medida señala que el nivel de inversión en infraestructura “excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”. La narrativa sobre rentabilidad se repite. El negocio está por encima de la garantía de acceso a un derecho esencial.
El agua potable es vital. De la provisión de redes de desagüe y sistemas de tratamiento de efluentes depende el saneamiento básico que necesitan las personas para no ver afectada su salud. No se trata de un servicio prescindible, tampoco de un negocio. Es un derecho básico que el Estado debe y deberá garantizar.