Cualquier forma de vandalismo contra el patrimonio que someta a destrucción o daño sitios de valor causa pérdidas irreparables en la memoria colectiva y en el sentido de identidad de una comunidad. El fenómeno refleja un problema más profundo como es la falta de conciencia sobre su importancia y la necesidad de aplicar con mayor determinación sanciones ante actos de irresponsabilidad social.
Recientemente, Mendoza se vio sacudida por un acto indignante. Turistas pintaron con aerosol sus nombres sobre rocas del dique Potrerillos, un paisaje protegido y parte esencial del patrimonio natural provincial. Las imágenes captadas por un automovilista que transitaba por la zona no tardaron en viralizarse. Se pudo observar no solo el daño físico ocasionado al paisaje –finalmente reparado por las autoridades provinciales y organizaciones ambientalistas–, sino también una actitud de prepotencia ante quien les reclamaba por su desidia.
Estos turistas no cometieron un delito penal, sino una contravención contemplada en el Código de Faltas de Mendoza. La Justicia tomó cartas en el asunto. Las sanciones incluyen hasta diez días de arresto, multas que podrían ascender a 21 millones de pesos y cursos obligatorios de concientización ambiental.
Sería un error pensar que se trata de un hecho aislado. Esta vocación destructiva se repite por todo el país. En Salta y Jujuy, los paredones de adobe de pueblos centenarios aparecen rayados con nombres, corazones y fechas. En la Quebrada de Humahuaca, en el Parque Nacional Los Cardones o en la Cuesta del Obispo, los viajeros dejan el sello de su paso por el lugar como si lo público fuera de su propiedad privada. Basura desperdigada, griteríos o cánticos que ahuyentan aves o fauna son otras formas de desprecio y falta de conciencia.
Esa obsesiva necesidad de dejar inscripta la marca propia en lugares que deberían mantenerse vírgenes y cuidados es profundamente preocupante. La Justicia debe actuar con contundencia. No basta con una multa simbólica. El mensaje debe ser claro y ejemplificador: quien daña debe asumir las consecuencias.
Es hora de ponerle fin al “turismo del garabato”. Quien ama la naturaleza la respeta. Quien aprecia el valor histórico no necesita firmarlo.