El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad generó un fuerte rechazo con movilizaciones en distintas ciudades del país. El presidente, Javier Milei, defiende su modelo económico con la colaboración de funcionarios clave del sector. Mario Lugones, en el Ministerio de Salud; Luis “Toto” Caputo, en el Ministerio de Economía; Diego Spagnuolo, en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); Claudio Stilvelman, en la Superintendencia de Servicios de Salud; y Esteban Leguizamo, en el PAMI, son los cinco funcionarios encargados de que la motosierra avance.
En general, los funcionarios no hablan de manera directa sobre los reclamos puntuales que hacen las personas con discapacidad, sus familiares o los profesionales de la salud. Algunos se mantienen en silencio y alejados de las cámaras, mientras que otros se refieren al tema sólo en términos abstractos.
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Del único que se conocen opiniones más claras es de Spagnuolo. En una reunión con Marlene, la madre de Ian Moche, el joven activista con autismo, el funcionario le preguntó: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”. La expresión generó un repudio masivo, pero sirvió como pista para entender cuál es la lógica de pensamiento que sostiene los ajustes en el sector de discapacidad.
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no se incluyó en la última sesión de la Cámara de Diputados, en la que el Ejecutivo nacional sufrió una dura derrota. Sin embargo, el tema no se puede dar por cerrado. Un sector de la oposición pretende llevar la discusión al recinto el próximo 20 de agosto.
El ajuste en discapacidad copó la agenda mediática en los últimos días. Sin embargo, los referentes del sector llevan meses realizando acciones y solicitando reuniones con las autoridades. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad contaron a PERFIL que “no hay ningún tipo de diálogo con las autoridades” y que nunca respondieron a sus reclamos.
La falta de respuesta de los funcionarios del Ejecutivo es una de las razones por las cuales el sector generó alianzas con los representantes del Poder Legislativo, que logró aprobar la ley que ahora Milei pretende vetar.
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En La Libertad Avanza, los vetos se defienden con dos argumentos principales: la defensa del equilibrio fiscal y la insistencia en las supuestas irregularidades extendidas en la asignación de pensiones y derechos. En el Ejecutivo nacional la orden de avanzar con los recortes es innegociable y cada funcionario tiene una tarea que cumplir.
Caputo, Lugones y Spagnuolo, los hacedores del ajuste
En el sector identifican a los ministros de Economía y Salud y al titular de la ANDIS como “los hacedores del ajuste”. Caputo es quien monitorea los recortes en las distintas áreas del Gobierno y quien debe velar por el avance eficaz de la motosierra; Lugones y Spagnuolo se encargan de tomar medidas concretas para que el modelo se haga efectivo.
Caputo suele hablar de la macroeconomía y de manera general sobre el ajuste. Sin embargo, las veces que tuvo que responder en particular por discapacidad, apeló a los dos argumentos de la narrativa oficial.
En mayo, luego de una reunión con Osvaldo Jaldo en Tucumán, la prensa le preguntó de manera directa cómo se estaban analizando los números en las áreas de discapacidad. El ministro dijo que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se estaba encargando de hacer un análisis y advirtió: “Hay situaciones irregulares”.
En julio, durante una entrevista con Luis Majul, se refirió al paquete de leyes que se estaba por aprobar en el Congreso que incluían un aumento en las jubilaciones y un bono extraordinario, una nueva moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. “Las leyes que están mandando representan 2 puntos y medios del PBI. El fondo de la cuestión no es ni los jubilados, ni la distribución de los ATN, ni nada. El fondo de la cuestión es romper el equilibrio fiscal, que es el ancla, que es lo que hoy la Argentina sea un país estable”, dijo.
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El ministro no solo no se refiere al impacto de las medidas de su Gobierno en la vida de las personas con discapacidad, sino que exagera en los datos de su argumento. Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y de consultoras privadas, el costo fiscal del paquete de medidas oscila entre el 1,4% y el 1,7% del PBI.
A diferencia de Caputo, Mario Lugones, la máxima autoridad en materia de Salud, se mantiene en silencio. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad lleva meses enviando cartas al funcionario y convocando a manifestaciones afuera del ministerio. Jamás recibieron una respuesta.
Lugones tampoco da entrevistas ni brinda conferencias de prensa. Si bien es quien controla la cartera sanitaria desde que Milei llegó a Casa Rosada, su designación en el ministerio llegó en septiembre de 2024 luego de la salida de Mario Russo. Su gestión se caracteriza por un bajísimo perfil. De hecho, jamás había hecho una declaración pública hasta febrero de este año, cuando el Gobierno anunció su intención de abandonar la Organización Mundial de la Salud y el funcionario activó sus redes sociales.
En X apenas hace menciones sobre algunos de los temas de su agenda, pero sobre discapacidad jamás se pronunció. Su última publicación es la réplica de un tuit de Patricia Bullrich que cuestionó a los diputados que avanzaron contra el oficialismo en la última sesión.
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El ministro es el padre de Rodrigo Lugones, mano derecha de Santiago Caputo. Histórico en el mundo de la medicina privada, su gestión al frente del ministerio le hace ganar cada vez más enemigos entre los profesionales de la salud. En el gobierno dicen que el funcionario es conciente, pero que está absolutamente alineado a Milei y que “entendió como nadie la batalla cultural”.
En materia de discapacidad, Lugones fue el ideólogo de la desregulación del nomenclador para las prestaciones, algo que finalmente no ocurrió. Además, durante la gestión de La Libertad Avanza, la Andis, el máximo organismo del sector, fue transferido desde la Jefatura de Gabinete a su ministerio, una medida que resistieron las organizaciones.
Spagnuolo, el titular de la Andis, es el tercer hacedor del ajuste en este sector. Se trata de una persona de máxima confianza del presidente y fue su abogado en distintas causas. Sin experiencia ni trayectoria en áreas de la salud, su llegada al organismo tuvo un objetivo clave: garantizar la motosierra.
En mayo, el funcionario fue titular en todos los medios. Marlene, la madre de Ian Moche, denunció que durante una reunión el funcionario le dijo: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado«. Y no se detuvo ahí. También lanzó otra frase que generó indignación: «¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?».
Apenas unos días antes de que Milei anunciara el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, Spagnuolo habló en el canal de streaming Neura y sostuvo el relato oficial. Dijo que la norma “no trae ningún tipo de solución para las personas con discapacidad” y que fue “hecha a medida para los prestadores”.
Además, el funcionario celebró que la gestión de La Libertad Avanza esté llevando adelante una auditoría en su organismo y defendió la baja de más de 80 mil pensiones no contributivas, lo que representa, según el funcionario, un “ahorro” de más de $23.000 millones.
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Los argumentos del dirigente combinan todos: ataques directos a las personas con discapacidad, como sucedió con Ian Moche, defensa del equilibrio fiscal y fomento de las sospechas sobre la corrupción en la asignación de las pensiones.
Laura Lavega, referente de la Red de Prestadores de la Provincia de Buenos Aires, fue una de las personas que salió a desmentir a Spagnuolo. En el reportaje, Spagnuolo sostuvo que buena parte de la baja de las pensiones se decidió luego de que citaran a los beneficiarios al organismo para confirmar que cumplieran con los requisitos.
La mujer contó que la Andis mandó citaciones a lugares inexistentes y contó que en La Plata, por ejemplo, convocaron a las personas a un gimnasio en el que no había ningún empleado del organismo. Además, también dijo que hubo personas que fueron citadas a través del Boletín Oficial, un canal de comunicación imposible para la mayoría de los ciudadanos y más aún para quienes están en una situación de vulnerabilidad.
Stivelman y Leguizamo, actores necesarios
Los referentes del sector de discapacidad también mencionan el rol que cumplen el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Claudio Stivelman, y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo. Si bien no se les podría adjudicar la toma de las máximas decisiones en materia de recorte, están al frente de dos organismos clave en materia de toma de decisiones.
La SSS tiene funciones fundamentales para garantizar el acceso a los tratamientos que requieren las personas con discapacidad. Entre otras cosas, controla que las obras sociales y las prepagas cumplan con las coberturas, monitorea el nomenclador de las prestaciones, verifica que las entidades cumplan con sus obligaciones y tiene capacidad de sanción y articula acciones con la Andis y el Ministerio de Salud.
Stivelman se desempeñaba como gerente general de la SSS hasta junio, cuando asumió como máxima autoridad, luego de que presentara su renuncia Gabriel Oriolo. El funcionario formó parte de la Fundación Sanatorio Güemes, el lugar donde construyó su poder el ministro Lugones. Alineado a su jefe político, y a pesar de las responsabilidades que tiene en sus manos, no se le conoce la voz en público.
Para entender quiénes tienen responsabilidades en el complejo y amplio mundo de la atención a personas con discapacidad, también es fundamental considerar al titular del PAMI. El organismo brinda cobertura a sus afiliados, incluidas las personas que tengan Certificado Único de Discapacidad o pensiones, autoriza y financia tratamientos. Además, articula acciones de manera permanente con la Andis y el Ministerio de Salud.
Sin ir más lejos, cuando en febrero de 2025 el Gobierno anunció que iba a comenzar una auditoría sobre las pensiones no contributivas, aclaró que el trabajo iba a estar en manos del PAMI y de la Andis.
Leguizamo no llegó al organismo con La Libertad Avanza, sino que llevaba 18 años en la institución cuando Milei lo designó como su titular. Se trata de un médico con perfil técnico que se limita a ejecutar órdenes, a pesar del nivel de responsabilidad política que tiene a su cargo. Es imposible saber qué piensa porque no suele hablar con la prensa. Apenas hizo algunas declaraciones luego de que explotara el escándalo por la modificación en la entrega de pañales por parte del PAMI en las que demostró que estar alineado a la gestión libertaria. Sobre discapacidad, nunca se lo escuchó hablar.