De no presentarse contratiempos, el oficialismo se apresta a aprobar en la sesión de este miércoles la ley que crea el sistema de gestión integral de caminos rurales no pavimentados. En un plenario de comisiones, el PJ buscará el martes emitir despacho para que 24 horas después llegue al recinto.
A pedido de los Consorcios Camineros y las entidades del agro de Córdoba, el Ejecutivo provincial giró a la Unicameral la iniciativa que “moderniza” la ley vigente 6.233 que data de 1978. El proyecto de ley que cuenta con 75 artículos viene siendo analizado en comisión.
La normativa apunta a la conservación y mejoramiento de caminos rurales que forman parte de las redes secundaria y terciaria. Y es fogoneada por los Consorcios Camineros (creados en 1952), los Consorcios Camineros Regionales, la Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba y las entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace.
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En su esencia, la iniciativa del Poder Ejecutivo fija los lineamientos necesarios para conservar, proteger, mejorar y realizar obras en los caminos rurales no pavimentados de la provincia, a través de un sistema de gestión integral que permita una sinergia entre los sectores público y privado, con el propósito de desarrollar la actividad agropecuaria, industrial y turística.
Una espada del oficialismo indicó que el proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora -firmado además por el ministro Sergio Busso (Bioagroindustria) y el Fiscal de Estado Jorge Córdoba– volverá a ser materia de análisis en un plenario de comisiones en la jornada del martes para luego pasar a emitir despacho.
Se busca que el dictamen llegue al día siguiente al recinto para su debate en la sesión, según marca la hoja de ruta de Hacemos Unidos por Córdoba que junto a sus aliados avanzará en la aprobación. La oposición estudia los pormenores de la iniciativa para fijar posición.
«Los legisladores venimos trabajando con la Mesa de Enlace agropecuaria, la Asociación de Consorcios Camineros, y los ministerios de Bioagroindustria y de Infraestructura para que esta ley salga de la mejor manera, con las miradas de todos los sectores involucrados», dijo Mariano Ceballos Recalde, titular de la comisión de Agricultura y Ganadería, en el plenario pasado de hace dos semanas que se realizó en conjunto con Infraestructura y Servicios Públicos; Legislación General; Obras Públicas y Vivienda; y de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
En esa oportunidad, el oficialista se comprometió a receptar los aportes de la oposición. El PJ busca lograr «un despacho unánime» del proyecto de actualización de la norma vigente que persigue el objetivo de optimizar los recursos dispuestos por los productores y la Provincia.
«Esta ley será superadora; viene del productor y es para el productor», remarcó Ceballos Recalde. De hecho, el plenario pasado contó con la participación de funcionarios provinciales, dirigentes del campo y representantes de diversos consorcios camineros, quienes plantearon situaciones frecuentes y coincidieron en que hace falta actualizar la ley.
Proyecto, en foco
El eje central de la iniciativa es la creación de un sistema de gestión integral de caminos rurales no pavimentados, conformado por Consorcios Camineros Regionales, Consorcios Camineros, Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba, Unidades Ejecutoras de Obras, Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, Consorcio Caminero Único, y un Consejo Consultivo cuyo objeto es conservar, proteger, mejorar y realizar obras en los caminos rurales no pavimentados de la provincia.
El proyecto que se convertirá en ley regula las acciones a ejecutar, las facultades de la autoridad de aplicación (Ministerio de Bioagroindustria) y el rol de las entidades para conservar, mejorar y construir los caminos no pavimentados.
Asimismo, aborda lo atinente a los recursos que dispondrán los consorcios, al regular su posibilidad de intervención, disolución, transformación y fusión.
Entre las medidas que se prevé implementar, se incluyen: elaborar proyectos de obras y/o trabajos necesarios para conservar y mejorar los caminos rurales no pavimentados del territorio provincial; desarrollar planes estratégicos de gestión de recursos para optimizar obras; incentivar la inversión de los sectores involucrados y efectuar acciones para lograr financiamiento de organismos competentes.
Además, el proyecto del Ejecutivo declara “de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes de cualquier naturaleza que sean necesarios para cumplir la ley, especialmente los que deban utilizarse para el estudio, construcción, operación, conservación, explotación, seguridad, forestación, embellecimiento, reserva y servicio de los caminos rurales no pavimentados de la provincia de Córdoba”.