Sin pronunciarse públicamente sobre el caso por los presuntos sobornos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la droguería Suizo Argentina SA de la familia Kovalivker, el Ministerio de Salud de la Nación adoptó la primera medida interna: puso en marcha una auditoría sobre todas las compras de medicamentos realizadas a la empresa sospechada, y un sumario administrativo para poder delimitar si hubo algún comportamiento indebido por parte de funcionarios públicos del área.
La auditoría comenzó este martes y desde el Gobierno sostuvieron que “habrá particular foco en el sistema de compras y contrataciones”.
Con esta medida el Gobierno busca de alguna manera contrarrestar el efecto del caso de los audios.
Mientras el fiscal federal, Franco Picardi, tiene bajo estudio la contabilidad de la droguería Suiza Argentina y los vínculos por las contrataciones con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno comenzó una inspección interna sobre las contrataciones multimillonarias.
En los últimos años hay un conjunto de compras a la droguería Suizo Argentina por $ 55.000 millones por parte de la ANDIS como del Ministerio de Salud de la Nación.
La auditoría, que va en paralelo a la causa judicial, tiene como finalidad concentrarse en los procesos administrativos. “No busca responsabilidades, ni sanciona. En caso de realizar hallazgos hace recomendaciones y les da seguimiento”, señalaron fuentes oficiales.
La auditoría se concentrará en todas las contrataciones que vinculan al ANDIS con la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker.
La Justicia, por su parte, tiene documentos que exponen pagos del organismo de discapacidad nacional a la Suizo Argentina por 10.828.052,146. Las cifras bajo investigación incluyen otros contratos.
Todos esos contratos están incluidos en la auditoría ordenada por el Ministerio de Salud. Pero no se descartan más contrataciones ya que la ventana de tiempo bajo análisis es toda la gestión de Javier Milei. Lugones, luego de la salida de Spagnuolo, nombró como interventor de la ANDIS a Alejandro Vilches, quien será el encargado de supervisar la auditoría.
“Habrá particular foco en el sistema de compras y contrataciones”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
La auditoría que comenzó este martes tiene el «objetivo de determinar el estado general de la situación relevada para así asegurar mecanismos transparentes en la gestión de las prestaciones a cargo de la ANDIS”.
Ya se pidió documentación específica sobre movimientos económicos de la empresa proveedora de medicamentos, también códigos de ética y la conformación societaria de la empresa de los hermanos Kovalivker.
La causa penal
En paralelo a la auditoría interna que encargó el Gobierno en la Agencia de Discapacidad, avanza la causa judicial. Está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.
En el expediente ya se allanaron los domicilios de Spagnuolo, la ANDIS y a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker. Al primero le secuestraron 266.000 dólares separados en 7 sobre con anotaciones.
El segundo se escapó y recién entregó su celular este lunes en Comodoro Py. Ninguno quedó detenido.
En paralelo la Justicia ya pudo abrir uno de los teléfonos de Spagnuolo y extrajo la información. Son clave esos datos porque allí podrían estar parte de los mensaje de las presuntas coimas.