Una jornada que debía ser de visibilización y reclamo terminó en un escenario de violencia institucional. Este jueves 5 de marzo de 2026, la movilización nacional convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad frente al Ministerio de Salud derivó en incidentes cuando efectivos policiales empujaron y golpearon a manifestantes y familiares que ya iniciaban la desconcentración.
La protesta, que contó con el apoyo del Sindicato de Choferes Particulares, denunció el colapso del sistema debido al atraso en los pagos de Incluir Salud y PAMI. Según los prestadores, se adeudan meses de servicios del año pasado, lo que pone en riesgo terapias, transporte y educación para miles de personas.
Valentina Bassi, actriz y madre de un joven con autismo, fue una de las voces más fuertes de la jornada. «Las familias no tenemos plan B. Los prestadores no cobran porque Incluir Salud y PAMI no pagan», señaló.
valentina bassi
La «Ley de Emergencia» en el centro del conflicto
El sector denunció que, pese a que el Congreso votó cuatro veces a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo ha mantenido partidas sin ejecutar (unos $30.000 millones devueltos al Tesoro) y ha vetado o suspendido su aplicación.
En este marco, Gonzalo Giles, periodista y persona con discapacidad, fue tajante: «Tuvimos que judicializar la ley para que la Justicia le explique al Gobierno que las leyes no son una sugerencia».
Violencia en la desconcentración
Cerca del mediodía, tras entonar el Himno Nacional y mientras los referentes del FORO pedían retirarse pacíficamente a pedido de la policía, se produjeron los forcejeos. Los testimonios coinciden en que hubo empujones y golpes por parte de la fuerza pública contra personas con discapacidad y sus familias, empañando una jornada que se había desarrollado en calma.
«El Presidente no juró sobre sus ideas: juró sobre la Constitución», recordaron desde el FORO, remarcando que la exclusión actual no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones políticas que profundizan la vulnerabilidad del sector.
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