Los titulares de la residencia permanente en Estados Unidos se enfrentarán a un escenario más restrictivo. La One Big Beautiful Bill (OBBB, por sus siglas en inglés) del presidente Donald Trump reducirá el acceso a subsidios de salud para quienes tienen green card y aplicará nuevos impuestos a las remesas enviadas al exterior.
La OBBB modificará de manera significativa el acceso a seguros médicos. Según la información de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), citada por Newsweek, 1,3 millones de inmigrantes con residencia legal perderán su cobertura para 2034.
Actualmente, los residentes legales permanentes, refugiados, sobrevivientes de violencia doméstica y personas con visas de trabajo o estudio vigentes pueden acceder a seguros médicos a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, si la nueva ley de Trump se aplica en su totalidad, impediría que algunos inmigrantes con estatus legal reciban subsidios federales para seguros médicos. Los más afectados serían:
Solo seguirán como elegibles los residentes con green card por fuera del tiempo de espera, así como algunas personas de Cuba o Haití y grupos de las islas del Pacífico. Alex Nowrasteh, del Cato Institute, señaló a Newsweek que la OBBB “ampliará la diferencia de acceso a la salud entre inmigrantes y los nacidos en Estados Unidos”.
La OBBB también establece un impuesto del 1% sobre las remesas. Esta medida afectará a millones de inmigrantes que envían dinero a sus familias en el extranjero. Según el gobierno, el objetivo es recaudar ingresos para reducir el déficit.
Veronique de Rugy, catedrática de Economía Política en el Mercatus Center, advirtió que gravar las transferencias “reduce efectivamente los ingresos de los hogares en esas comunidades, lo que podría devolver a las familias a la pobreza o forzarlas a dejar de lado gastos esenciales“.
Esta nueva ley también asigna fondos millonarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El monto asciende a 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención.
Además, incluye US$14.000 millones para transporte y deportaciones y US$8000 millones para contratar 10.000 agentes adicionales. El gobierno afirma que estas medidas buscan reforzar la seguridad nacional.
Sin embargo, en el plan de redadas y deportaciones masivas de Trump, incluso residentes con green card y hasta ciudadanos estadounidenses resultaron arrestados. Así lo alertó la abogada Marissa Montes, directora de la Clínica de Justicia para Inmigrantes de Loyola, en declaraciones a Boyle Heights Beat.
Desde la Casa Blanca, Abigail Jackson defendió la OBBB. Sostuvo que “protege y preserva Medicaid para los estadounidenses vulnerables que dependen de él, también elimina el despilfarro, el fraude y el abuso en el programa”. Según Jackson, los recortes de impuestos impulsarán el crecimiento económico.
En contraste, John Slocum, director ejecutivo de Refugee Council USA, declaró que la OBBB significa “una reversión de los compromisos bipartidistas que ayudaron a los recién llegados a recuperarse, reconstruirse y contribuir a sus nuevas comunidades».
Y agregó: “Obligar a las familias refugiadas a pasar hambre o quedarse sin atención médica no fortalecerá nuestra economía ni nuestra seguridad nacional, sino que causará daños irreparables a personas a las que nos hemos comprometido a proteger”.