En un giro alarmante para la estabilidad institucional de Brasil y la región, el ex presidente Jair Bolsonaro fue puesto bajo prisión domiciliaria por orden del juez Alexandre de Moraes, en una maniobra que generó un fuerte repudio internacional y renovó las denuncias por persecución política. La medida, sustentada en supuestas violaciones a restricciones previas, fue calificada por expertos y líderes mundiales como un abuso de poder sin precedentes en la historia democrática reciente del país.
El hecho desató una ola de reacciones inmediatas, comenzando por su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien lanzó un mensaje urgente a la comunidad internacional: “Brasil cruzó la línea. Bolsonaro fue arrestado no por un delito, no por corrupción, sino por saludar a manifestantes desde su casa. Brasil ya no es una democracia. Vivimos bajo una dictadura judicial disfrazada de justicia. El régimen entró en pánico. No se queden callados”.
Eduardo Bolsonaro lanzó un mensaje urgente al mundo tras el arresto de su padre, Jair Bolsonaro: «Brasil cruzó la linea. Bolsonaro fue arrestado no por un delito, no por corrupción, sino por saludar a manifestantes desde su casa. Brasil ya no es una democ
Eduardo Bolsonaro instó públicamente a la Argentina y al resto de los países miembros de la OEA a considerar la activación de la Cláusula Democrática Interamericana, prevista en la Carta Democrática de la organización. El pedido se fundamenta en la detención arbitraria de Jair Bolsonaro sin condena previa, lo que, según el legislador, constituye una ruptura del orden constitucional en Brasil.
De activarse esta cláusula, la Organización de Estados Americanos podría iniciar un proceso formal para evaluar la situación institucional brasileña, habilitando mecanismos como el envío de observadores internacionales, la emisión de recomendaciones de reforma y, en casos graves, la suspensión de Brasil del organismo continental por violaciones a los principios democráticos.
Al mismo tiempo, crece el respaldo en el plano europeo. La Unión Europea, a través de parlamentarios aliados del bloque conservador, solicitó formalmente a sus Estados miembros sumarse a las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, acusándolo de atentar contra los derechos fundamentales y el debido proceso. La coordinación transatlántica en la denuncia de los excesos del Supremo Tribunal Federal podría marcar un punto de inflexión diplomático y sentar las bases para una respuesta internacional articulada frente al avance autoritario del sistema judicial brasileño.
La respuesta más contundente vino de Washington. A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado condenó la decisión del Supremo Tribunal Federal y acusó al juez Moraes de ser una «amenaza directa a la democracia». “Dejen a Bolsonaro hablar”, fue el mensaje directo difundido por la oficina, en alusión a las restricciones que impiden al ex presidente expresarse públicamente.
El magistrado Alexandre de Moraes ya había sido sancionado por EE.UU. bajo la Ley Magnitsky, herramienta legal que permite castigar a ciudadanos extranjeros implicados en corrupción o violaciones a los derechos humanos. La atención ahora se centra en Viviane Barci de Moraes, esposa del juez, señalada por Eduardo Bolsonaro como “el brazo financiero” de su marido.
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Desde su retorno al poder, Luiz Inácio Lula da Silva ha consolidado una estrategia sistemática de neutralización política contra Bolsonaro, principal figura de la oposición. Las restricciones impuestas por el STF —incluyendo la prohibición de usar redes sociales o participar en actos públicos— violan derechos constitucionales básicos y, según observadores internacionales, responden más a un intento de proscripción que a la aplicación de justicia.
La excusa utilizada esta vez fue la participación de Bolsonaro por videollamada en una manifestación pacífica, lo que habría vulnerado las condiciones impuestas por el tribunal. Sin embargo, su defensa niega haber cometido infracción alguna.
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Desde febrero, Eduardo Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos negociando sanciones contra autoridades brasileñas y recabando apoyo para su padre. En declaraciones al medio Metrópoles, aseguró que el gobierno norteamericano “ya tiene material para sancionar a diversas autoridades” y advirtió que las medidas podrían extenderse a los familiares de jueces del STF.
“Vamos a aguardar lo que será hecho, pero creemos que existirá una respuesta a la altura”, declaró. El diputado también anunció que prepara una gira por Europa para impulsar nuevas sanciones y advertir sobre la deriva autoritaria brasileña: “Muy probablemente tendremos las maletas listas para ir a Europa a hacer este mismo trabajo. Porque yo no voy a desistir de Brasil”.
A su vez, denunció que “los estudios jurídicos de la esposa de Alexandre de Moraes y de otros familiares de miembros de la Suprema Corte están mapeados por la inteligencia americana”, y acusó al juez de enviar “un mensaje de confrontación directa” al gobierno de Estados Unidos.
Desde el entorno de Donald Trump, cercano a Bolsonaro, también se multiplican las advertencias. El presidente republicano ordenó congelar los activos del juez Moraes en EE.UU., una decisión que generó conmoción en el entorno de Lula. El mensaje es inequívoco: no habrá tolerancia frente al uso del Poder Judicial como instrumento de represión política.
En Brasil, el senador Flávio Bolsonaro exigió formalmente el inicio de un proceso de destitución contra Alexandre de Moraes, acusándolo de “no tener condiciones de seguir en el cargo”. Su hermano Eduardo se sumó a la denuncia, calificando al accionar del STF como un “abuso de poder crudo”, y exigiendo la inmediata restitución de los derechos políticos de Jair Bolsonaro.
A pesar del cerco judicial, miles de brasileños salieron a las calles en diversas ciudades para exigir la amnistía de los detenidos por las protestas de enero de 2023 y el fin de la persecución política. Durante esas manifestaciones se leyeron mensajes del ex presidente llamando a la unidad y la resistencia pacífica frente al avance autoritario.