Qué escenarios analizan los gobernadores de Provincias Unidas frente a los vetos de Javier Milei

«No somos un espacio opositor acérrimo. Somos racionales y actuaremos con sensatez frente al gobierno nacional. Muchas cosas las acompañamos, como el equilibrio fiscal que también aplicamos en nuestros territorios, pero en otras nos diferenciamos», agrega ante la consulta de Ámbito.

Si bien aún no hay una postura definida frente a los vetos, en las primeras conversaciones entre Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), se evaluó la posibilidad de otorgar libertad de acción a los legisladores nacionales. Una forma de no quedar pegados al kirchnerismo y evitar un debut confrontativo con la Casa Rosada.

El tratamiento de los vetos todavía no tiene fecha en el Congreso donde la Cámara de Diputados intentará sancionar hoy la emergencia pediátrica en el Garraham, el financiamiento universitario y emplazar a la paralizada comisión de Presupuesto y Hacienda de José Luis Espert para que le dé tratamiento a los proyectos impulsados por los gobernadores para la redistribución de los fondos del impuesto a los combustibles y los ATN.

El juego de los gobernadores

Sin embargo, comienzan a emerger los primeros indicios sobre cómo podría posicionarse cada gobernador. Este martes por la noche, el cordobés Llaryora publicó una batería de posteos en apoyo a la emergencia en discapacidad contrastando el veto de Milei con las políticas que impulsa en su provincia. Si bien no existe aún una posición homogénea frente a los vetos, los gobernadores podrían inclinarse por habilitar el quórum en el recinto y luego dejar que cada bloque defina internamente cómo votar teniendo en cuenta que todavía no está constituido el interbloque de Provincias Unidas.

En defensa del equilibrio fiscal, algunos mandatarios provinciales estarían menos dispuestos a sostener las leyes de aumento de jubilaciones, bono y moratoria previsional teniendo en cuenta que tiene un costo fiscal más elevado que la emergencia en discapacidad. De acuerdo a cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la aplicación de las mejoras en seguridad social vetadas por Milei tendrían un costo anualizado estimado en casi 1% del PBI, mientas que un comunicado de Presidencia las proyectó con un costo de 1,68% del PBI para 2026.

Veto sí, veto no

Es distinto el caso de la ley de emergencia en discapacidad que no comprometería las metas fiscales del gobierno nacional. También según la OPC, el peso fiscal sería de entre 0,26% y del 0,46% del PBI. Por eso cada veto tendría un tratamiento diferenciado y cada gobernador podría desplegar su propio juego de acuerdo a cómo se posicione y negocie frente a la Casa Rosada.

En ese sentido, el martes pasado se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1121 que establece que el Ministerio de Economía «será el continuador de los contratos y convenios en curso de ejecución con las provincias, o con las entidades descentralizadas de estas, que tenga el ex Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), pudiendo delegar dicho carácter en dependencias de nivel de hasta secretaría y delegar su ejecución y distribución de partidas en la Secretaría Legal y Administrativa de la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo. Una ventana de negociación con los gobernadores que llegaron al extremo de recular obra publica vial a través de la colocación de carteles en los tramos de las rutas nacionales que atraviesan sus jurisdicciones.

Desafío a Javier Milei

Donde sí habrá un posicionamiento político claro en el Congreso, a diferencia de jubilaciones y discapacidad, es en relación a los proyectos para redistribuir entre las provincias los fondos del impuesto a los combustibles y los Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) ya aprobados por el Senado. Habrá no sólo un apoyo explícito en Diputados para convertirlos en ley, sino también una resistencia frontal al veto anticipado por Guillermo Francos a esas iniciativas impulsadas por los gobernadores.

Esta semana el gobernador de Santa Fe volvió a reclamar al Estado nacional por el estado calamitoso de las rutas y pidió que se haga cargo del mantenimiento, o bien que le permita a la Provincia realizar las reparaciones en los tramos que la atraviesan. “En un fin de semana hubo 11 muertos por accidentes en rutas nacionales”, recordó Pullaro. También manifestó su desacuerdo con que se le dé el manejo a los privados. “Le pedimos al Gobierno nacional que cumpla con la reparación y el arreglo de las rutas”, insistió el mandatario santafesino, que incluyó en este reclamo a la circunvalación de Rosario; y reconoció que esas obras no se han llevado adelante “porque la mirada es que las rutas nacionales deberían tener una administración privada”.

En ese sentido, el nuevo frente de los cinco gobernadores -que podría ampliarse tras las elecciones legislativas de octubre- presenta diferencias con las denominadas «terceras vías o avenidas del Centro», como fue el caso de la extinta Alternativa Federal integrada en su momento por Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna y Juan Schiaretti) o el fugaz acuerdo electoral del 2023 entre Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes y Schiaretti.

En el caso de Provincias Unidas, todos los gobernadores tienen su propio caudal electoral y se pusieron al frente de las campañas con probada eficacia en sus territorios. Incluso en los casos de Pullaro, Torres y Vidal, se trata de gobernadores que se se impusieron en la batalla electoral a los candidatos de Cristina Kirchner tras décadas de gobiernos peronistas, especialmente en Santa Cruz y Chubut.

También tienen como eje diferenciado que no son parte de la tradicional «casta» política que critica La Libertad Avanza. Los cinco gobernadores desembarcaron en sus cargos en diciembre del 2023, al igual que Javier Milei. «Si bien Jujuy y Córdoba son parte de un proyecto que gobierna hace más años, los cinco tienen la particularidad que ganaron las elecciones en 2023 y están cumpliendo su primer mandato», deslizan. Y mas allá del frente electoral que conforman, comparten una visión de país federal, productivo y de desarrollo económico que va más allá de una elección legislativa nacional.

Pero en especial hay cambios en la definición de la estrategia y el armado político con la incorporación de Sebastián García de Luca, impulsado por los gobernadores Ignacio Torres y Maximiliano Pullaro. «La conducción política de la estrategia es de los gobernadores y García de Luca está sentado en la mesa», dijeron los mandatarios el miércoles pasado cuando presentaron el frente formalmente.