Todo comenzó hace más de tres años. El 6 de abril de 2022, un operativo policial realizado en un departamento del barrio porteño de Recoleta, abrió una causa judicial que hasta el día de hoy continúa en su laberinto. Allí, ofrecido en plataformas digitales por 4 mil euros, se encontraba El Sol y Año Feliz del Perú, una obra publicada en 1735 por el franciscano Pedro Rodríguez Guillén para conmemorar la canonización de San Francisco Solano. El ejemplar, pieza clave del patrimonio peruano, estaba desaparecido y su pista había surgido a través de un monitoreo de Interpol.
La causa, tramitada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, a cargo de Gustavo Meirovich, parecía limitada a comprobar la autenticidad del libro y frenar su venta. Pero lo que se encontró en el allanamiento superó cualquier conjetura inicial: junto a ese volumen aparecieron centenares de manuscritos, cartas, expedientes y documentos de los siglos XVII al XIX pertenecientes no sólo a la historia argentina sino también a la de diversos países latinoamericanos y europeos.
Se trataba de un verdadero tesoro oculto. Había cartas vinculadas al Virreinato del Río de la Plata, escritos de San Martín y Rosas, piezas ligadas al Pacto Federal y materiales provenientes de España, Portugal, México, Colombia y Uruguay, entre otros orígenes. Lo que en principio era una investigación por un libro de gran valor histórico derivó en la apertura de una de las investigaciones más relevantes sobre tráfico ilícito de bienes culturales de los últimos años.
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Una investigación internacional. La magnitud del hallazgo obligó a una intervención multinacional. La PFA, a través de su Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, en coordinación con la Dirección General de Aduanas y bajo el paraguas de Interpol, inició un exhaustivo proceso de catalogación, conservación y trazabilidad sobre todo el material hallado.
Primero, las piezas fueron trasladadas a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y luego a un depósito especialmente acondicionado en la Policía Federal, con condiciones de temperatura y humedad controladas. El riesgo de desintegración por la antigüedad de los documentos obligaba a un tratamiento especializado: los ejemplares, por ejemplo, no pueden manipularse sin guantes ni protección.
El Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, creado en 2003 y conformado por Aduana, Interpol y organismos culturales, lideró la clasificación del material. La tarea demandó cotejar con bases de datos nacionales e internacionales, consultar a expertos y establecer el origen de cada manuscrito. La gran mayoría resultó auténtica, lo que confirmó la dimensión del hallazgo.
Primer paso. El proceso avanzó hacia la restitución. En 2023 Perú fue el primer país en recibir oficialmente el libro que había motivado la investigación. Un homenaje reservado en su embajada en Buenos Aires marcó el inicio del camino de devolución.
El pasado 4 de agosto, en el Palacio Libertad, Argentina entregó a México, Perú, Paraguay y Portugal una parte del acervo: más de 200 documentos de los siglos XVII al XIX, fueron devueltos a sus legítimos dueños en un acto encabezado por autoridades de la PFA, la Aduana e Interpol, con presencia de representantes diplomáticos.
Sin embargo, lo exhibido en esa ceremonia, según fuentes judiciales, es apenas “la punta del iceberg”. Menos del 10% de lo incautado fue devuelto. El resto permanece bajo custodia, a la espera de reclamos formales de otros países y de la finalización de peritajes. Mientras tanto, los materiales argentinos fueron reintegrados al Archivo General de la Nación, para garantizar su preservación como parte del acervo documental del Estado.
Un mercado clandestino al descubierto. La causa puso en evidencia la existencia de un circuito paralelo de compraventa de documentos históricos de enorme valor cultural y simbólico. Los precios en que se ofrecían algunas piezas (como el libro peruano a 4 mil euros) resultaban irrisorios frente a su carácter invaluable. Para los investigadores, esa disparidad de valores constituye una de las claves que permite identificar la dinámica del mercado ilícito: piezas únicas que circulan en la clandestinidad como si fueran simples rarezas de anticuario.
Al margen de la investigación, el caso confirma también que Argentina, en los últimos años, se consolidó como uno de los países con mayor capacidad de restitución de bienes culturales. Según datos oficiales, en pocos años el país restituyó más piezas arqueológicas y documentales que muchos otros en más de una década, lo que ubica a nuestro país como referente mundial en esta materia.
La dimensión política y cultural. El acto del pasado 4 de agosto fue celebrado como un gesto diplomático, pero también como un hito en la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de bienes culturales. Para los funcionarios presentes, se trató de un recordatorio que el tráfico ilícito de bienes culturales no es un delito menor, sino una amenaza a la memoria colectiva.
El operativo argentino fue seguido con atención por instituciones europeas y estadounidenses, que suelen monitorear este tipo de casos. La restitución simultánea a cuatro embajadas no es habitual en América Latina y refuerza la posición del país como un actor clave en la defensa del patrimonio cultural. Una fuente que lideró la investigación, consultada por este diario, lo sintetizó así: “Lo que está en juego no es sólo la propiedad de un libro o un documento, sino la pertenencia de esos bienes a la humanidad”.
El boticario sobreseído
L.N.
La figura central de la investigación inicial fue un coleccionista porteño que acumulaba en su departamento de Recoleta una impresionante colección de libros y manuscritos. Fue él quien ofrecía en internet El Sol y Año Feliz del Perú, lo que motivó el operativo que destapó el hallazgo.
En un principio se lo investigó por contrabando, ya que las piezas podían haber ingresado al país de manera irregular. La hipótesis fiscal apuntaba a un posible delito económico, pero la Cámara de Apelaciones decidió que el caso no debía resolverse en el fuero penal sino en el ámbito administrativo y cultural. Ese fallo derivó en su sobreseimiento firme en materia penal.
La resolución fue cuestionada por algunos magistrados, que la consideraron prematura. Sin embargo, la decisión judicial dejó el acervo bajo custodia del Estado y derivó su tratamiento al Ministerio del Interior y a organismos culturales. De este modo, aunque el boticario quedó desligado de responsabilidades penales, la valiosa colección permanece bajo resguardo público y no volverá a sus manos.