Escobar pidió levantar una cautelar para activar la habilitación de un polémico bingo en el municipio

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El municipio de Escobar que conduce Ariel Sujarchuk se presentó en la Justicia para intentar levantar una medida cautelar que frenó la construcción de un complejo donde se iba a trasladar un bingo que pertenece al empresario Daniel Angelici.

Desde hace meses, se instaló en el distrito una polémica ya que el empresario del juego quería trasladar un bingo ubicado en la localidad de Ramallo a Escobar. Los vecinos y ONG’s se opusieron y recibieron un aval de la Justicia que ordenó frenar la iniciativa ya que no contaba con el respaldo de estudios de impacto ambiental y porque se iba a instalar en una zona en la que no estaba permitido ese tipo de construcciones.

En el caso intervino la Corte suprema Bonaerense que ratificó el accionar de la jueza a cargo del caso, Mónica Ayerbe.

Con la iniciativa frenada, ahora el municipio armó una estrategia para intentar reactivar al habilitación del proyecto. El pasado 1 de septiembre, uno de los apoderados del municipio se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Zárate-Campana de la jueza Ayerbe con un escrito en el que solicitó levantar la medida cautelar que desde julio mantiene sin efecto la Ordenanza 6350/2024. Esa ordenanza había sido votada a fines de diciembre de 2024 de manera veloz y permitía la construcción del bingo de Angelici y el traslado de esa sala a Escobar.

La ordenanza fue impulsada Leandro Goroyesky, un concejal del PRO que tiene vínculos con Angelici, y fue aprobada por todos los bloques.

El bingo de Ramallo que Daniel Angelici busca trasladar a Escobar.

La presentación judicial del municipio, además, plantea «un hecho nuevo». Sostiene que el 5 de agosto pasado, el intendente Ariel Sujarchuk emitió el decreto 1786/2025 en el que niega la existencia de cualquier proyecto presentado para construir un bingo y sostiene que la referencia a un “master plan” en la ordenanza municipal que fue votada en la Legislatura fue meramente conceptual.

El decreto agrega que si en el futuro apareciera un proyecto, «deberá superar evaluaciones técnicas, estudio de Impacto Ambiental, participación ciudadana y los controles municipales que correspondan». Incluso el Ejecutivo se reserva exigir requisitos adicionales.

Lo cierto es que con esta movida, el municipio buscar sacarle el freno judicial a la instalación del emprendimiento donde se iba a instalar el bingo de Angelici y además dejar abierta la posibilidad para eventuales desarrollos cuando se cumplan ciertos requisitos o pasos formales.

De hecho en la presentación sostienen: «La Ordenanza en cuestión tiene naturaleza legislativa municipal. Es un acto normativo abstracto, de carácter general, sin efectos ejecutivos automáticos, y cuya aplicación práctica requiere posteriores actos administrativos concretos del Poder Ejecutivo local, tales como autorizaciones, estudios técnicos, convenios urbanísticos, habilitaciones o evaluaciones de impacto ambiental. No existe, a la fecha, ningún proyecto determinado, trámite formal de obra ni expediente técnico presentado por interesado alguno ante el municipio. Por tanto, el interlocutorio en crisis vulnera principios constitucionales que hacen al sistema republicano de gobierno».

El caso del bingo

El 18 de julio, la jueza Ayerbe dictó una medida cautelar que ordenó suspender la ordenanza 6350/24 y frenar el avance del emprendimiento. En su fallo, denunció que el proyecto se aprobó sin estudios de impacto ambiental, sin audiencias públicas y en una zona residencial donde está expresamente prohibida la actividad comercial y de juegos de azar.

Ayerbe también cuestionó la celeridad y opacidad del proceso de aprobación: “La norma fue aprobada en el marco de una sesión extraordinaria y tratada en un exiguo plazo de apenas 21 días, premura que resulta incompatible con la complejidad técnica y jurídica de la cuestión urbanística involucrada”. Y agregó: “La opacidad que surge respecto de las circunstancias que rodean la aprobación urbanística fortalece la evidencia de una afectación al derecho a la información pública ambiental de raigambre constitucional y convencional”.

El proyecto que frenó la Justicia permitía rezonificar una área urbana de Ingeniero Maschwitz (lindera a la Autopista Panamericana) para construir un mega predio que iba a contar con hoteles, restaurantes, centro comercial y una sala de juegos de azar.

En el lugar, con la ley aprobada, se iba a instalar, tras un traslado, el Bingo Ramallo, ubicado en esa localidad de la Provincia y que venía en baja ya que había perdido clientes. Maschwitz, en pleno crecimiento urbano, aparecía como un lugar más prometedor para el desarrollo de los juegos de azar.

El Bingo Ramallo es de los empresarios del juego Daniel Angelici y Daniel Mautone. Ambos tienen un porcentaje de esa sala de juegos. Mautone es uno de los hombres fuertes del sector que supo tejer buenas relaciones con el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que todavía tiene influencia en el negocio juego.

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