Una normativa estatal, vigente desde 2019, establece la obligación de cooperar con las autoridades federales y prohíbe expresamente la adopción de medidas conocidas como «ciudades santuario».
La posibilidad de que Miami adopte políticas migratorias más flexibles, similares a las llamadas «ciudades santuario», no depende únicamente de decisiones locales. Desde 2019, una normativa estatal condiciona de manera directa el accionar de municipios y autoridades, al establecer límites sobre cómo deben actuar frente a la inmigración.
La ley SB 168, titulada «Federal Immigration Enforcement», fue aprobada por la Legislatura de Florida y entró en vigor el 1° de julio de 2019. El texto legal establece que es un «interés importante del estado» colaborar con el gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración. De acuerdo con el propio documento, el objetivo es evitar que existan políticas que limiten o dificulten la cooperación con agencias federales. Esto implica que cualquier ciudad, Miami incluida, debe alinear sus acciones con esa premisa general.
Uno de los puntos centrales de la legislación es la prohibición directa de las llamadas «sanctuary policies» o políticas santuario. Según la definición incluida en el texto legal, se considera así a cualquier norma, práctica o procedimiento que impida o limite la cooperación entre autoridades locales y agencias federales de inmigración.
Más allá de la prohibición, la ley impone una obligación activa de cooperación con las autoridades migratorias nacionales. En este sentido, establece que las agencias de seguridad deben hacer «sus mejores esfuerzos» para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración. Según el texto oficial de la SB 168, esta obligación alcanza a funcionarios, empleados y representantes de las entidades públicas, siempre que actúen dentro del marco de sus funciones.
Además, la normativa impide que cualquier organismo local limite el manejo de información vinculada al estatus migratorio. No se puede restringir el intercambio de datos sobre la ciudadanía o el lugar de nacimiento de una persona con las autoridades federales.
La ley también prevé mecanismos de sanción en caso de que alguna autoridad local incumpla sus disposiciones. En ese sentido, otorga facultades tanto al gobernador como al fiscal general para intervenir. Además, si un tribunal determina que existe una política que viola la ley, debe emitir una orden para frenarla y puede mantener jurisdicción sobre el caso para garantizar su cumplimiento.